Somos el pueblo originario de Tzawata. Luchamos por recuperar nuestro territorio ancestral, hoy en manos de una transnacional minera. No nos rendiremos, la tierra es nuestra vida, abajo la minería destructora!!!


jueves, 9 de diciembre de 2010

 LA REPRESIÓN NO NOS DIVIDE  
PORQUE LA LUCHA NOS UNE

Cumplidos 10 meses en pie de lucha, el Pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi no se doblega. Los esfuerzos divisionistas y persuasivos de la transnacional minera Merendon y sus secuaces no deterioran nuestra lucha; la represión no nos divide.
 

 LA LUCHA NOS UNE, Y CADA VEZ SOMOS MÁS.


ILEGÍTIMA INTROMISIÓN MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO

La noche del lunes 29 de noviembre, 63 efectivos militares de la escuela Iwia de la Brigada Pastaza incursionaron sorpresivamente en la zona oriental de nuestra posesión, en los alrededores de la comunidad de San Clemente de Chucapi. Con alarma las familias de la comunidad se preguntaban hacia dónde se habían dirigido los militares, si se trataba acaso de un preparativo de desalojo, y por qué se habían movilizado hacia el interior de la selva sin dar información previa de su presencia ni comunicar a autoridad local alguna los motivos de su entrada.



Fue mayor la sorpresa cuando los uniformados ingresaron a la escuela de la comunidad, armados hasta los dientes, sin una intensión clara que explicara su incursión y con información ambigua sembró inquietud entre la población que por 10 meses se mantiene en pie de lucha por la recuperación de su territorio ancestral.


La presión comunitaria obligó a su  mando Teniente Yépez a explicar su presencia en San Clemente, la información brindadaes que se trataba de un patrullaje, en busca de subversivos y narcotraficantes, debido a varias denuncias realizadas de que en la lucha por las tierras se encuentran inmersos personas insurgentes, lo cual es totalmente un invento de la Compañía Merendon y de las autoridades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, queriendo desvirtuar la lucha que ha sido amplia, directa sin nada que ocultar, por honrar a nuestros/as abuelos/as, por nosotros/as y en especial por nuestros hijos/as, queremos decir también que esta lucha y resistencia no es financiada por nadie, nosotros las tres comunidades hacemos un esfuerzo grande por auto-sustentarnos, y no vamos a permitir que nada ni nadie manche nuestra legitima lucha.




Estas incursiones secretas son totalmente insatisfactorias y cuestionables. Cuestionable porque viola nuestros derechos consuetudinarios y genera inseguridad en un escenario de lucha donde ya de antemano la tensión por la inminencia de la represión, posibles desalojos y el divisionismo promovido por la minera están latentes a cada momento.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, menciona algunos de los artículos que nos amparan, así:

Artículo 10.- Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 30. i) No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. ii) Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

En este contexto bajo la organización de las tres comunidades conseguimos la retirada inmediata de los militares de nuestro territorio. 


  
Al respecto es preciso cuestionar si los planes e intereses de las fuerzas militares mencionadas están por encima de los derechos elementales arriba citados, ya que se irrumpe de forma súbita y altanera en una comunidad, alterando su orden y tranquilidad. Las familias de San Clemente de Chucapi, Bajo Ila y Tzawata condenamos fehacientemente este acto arbitrario como una flagrante violación a nuestra seguridad y a la integridad de nuestra población y de nuestra lucha.
 





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